- 23/01/2026
- Observatorio FESMRC
Jorge Macri. Propuesta Republicana. ¿Son legalmente correctas? una pregunta que se refuerza con el accionar del GCBA y su personal
Observatorio de la Fundación de Estudios
Dirección de Asuntos Legales y Sociales
Dir. de Crecimiento, Estrategia y Asistencia Social
Consideremos dónde estamos hoy y dónde estaremos mañana en función de la falta de criterio político y los problemas sociales que se acumulan día a día. No es novedad para ninguno de nosotros la crisis económica, el poco avance del país hacia una economía más seria, ni tampoco la falta de estructura que llevan adelante los Gobernadores y los Intendentes.
Poco tiempo atrás, cabe recordar que la Intendencia de Junín jugó a "yo puedo más y no me interesan los puestos laborales" cuando prefirió no prestar atención al proyecto Noba-Stol, que dispuso su inversión en otras actividades similares en países vecinos, dejando 2500 puestos sin ocupar en la República Argentina, país que actualmente atraviesa una crisis laboral severa. Así mismo, un intendente que no aceptó participar en los proyectos de ubicación laboral frente a la tasa de desempleo social en su zona, ergo, esto mismo ocurre con la intendencia del Sr. Jorge Macri, donde el gobierno es completamente acéfalo, como es habitual en el PRO.
Si bien, no sería novedad que un Gobierno tenga poco interés en el desempleo, problemas sociales y tenga además la capacidad de indicar que todo está bien en un país donde los comedores son la regla, es interesante conocer las arbitrariedades que nacen en el incumplimiento del debido proceso, por ejemplo en la aplicación de las multas, en el doble castigo por un mismo hecho (pago de dinero y quita de puntos), así como la incapacidad y trato grosero del personal, dispuesto por la Dirección General de Administración de Infracciones y la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, de controladores y sus colaboradores, como en "Av. Patricias Argentinas, controladora 86", entre otras, que han demostrado que el sistema además permite recalificar y falsificar multas sin atender al principio rector de la ley 1510 (t.o. ley 6017/2018) que hace mención al principio in dubio pro administrado a lo fines de garantizar la tutela judicial efectiva, limitando la arbitrariedad de la Administración y protegiendo los derechos del administrado. No solamente, este gobierno ha permitido el destrato a los hombres por parte de las mujeres (violencia de género inversa) sino que, ilegítimamente, ha permitido que un empleado con cargo de controlador (pues no se trata de un profesional cualificado) pueda modificar un acta emitida (es decir violar la norma del actor administrativo) sino falsearlas agregando hechos de imposible conocimiento. Asimismo, al menos la controladora citada, se ha dado el lujo de faltar el respeto, insultar e incluso impedir que un abogado se apersone actitud mantenida por una simple secretaria de la controladora y ella misma.
En el reclamo realizado a nuestro observatorio y departamento legal, luego que el ciudadano notara la violación total a sus derechos y que le impidieran que su abogado participe, se produjo una investigación por parte de nuestro personal donde se dio a entender una vulneración total de derechos, entre ellos, el cambio de una multa por otra, colocar multas falsas, por el simple hecho de colocarlas, acusar a un conductor de violar luz roja cuando en las fotos de prueba esto no ocurre, sino que la infracción la comete un vehículo distinto, y en las fotos que hay presencia de ningún controlador en la zona (guardia urbana. personal de tránsito o policía), lo cual indica que la controladora nunca pudo saber si la persona conducía con o sin licencia, pero cuando solicitó la licencia y el imputado la entregó, debía presuponer que estando todo al día no iba a circular sin ella, sin embargo presupuso lo contrario.
Entonces la pregunta es la siguiente ¿Se debe mantener personal que realiza actos arbitrarios en el Gobierno de la Ciudad? ¿Dichos funcionarios y empleados no serán el reflejo del propio Jefe de Gobierno? Preguntas que los ciudadanos debemos hacernos cuando ponemos un voto en la urnas y terminamos sufriendo la inseguridad jurídica a que nos someten nuestros administradores y avergonzándonos de los comentarios sobre la inseguridad jurídica que rige los destinos de la Argentina, en general, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en particular.
La investigación ha demostrado también que las multas que el GCBA dispone sobre exceso de velocidad, suelen no estar constatadas por más de una foto, impidiendo al ciudadano, determinar si esto es real por la diferencia de metros en un periodo determinado, sin embargo, en las multas donde el gobierno considera que no hay posibilidad de discutir, existen más de una foto, como en el paso de una luz roja, sin embargo, no se multa al infractor (palabra que utiliza el gobierno), sino a la persona que el gobierno quiere multar, porque su auto es más antiguo, por discriminación al ciudadano, o por los motivos que la autoridad considere, y obviamente, lo máximo que podría en este momento hacer es indicar que fue un error, pero, también usan la palabra error los laboratorios como HLB pharma que mataron un centenar de personas, gracias a la falta de control del ANMAT y sus directores, también usan la palabra error los que cometen un crimen, como el terrible caso de Fernando, o el Jefe de Gobierno, Ibarra, luego de catástrofe de Cromañón.
Un error, puede existir, pero la intención sobre estos errores se ve con la conducta, y el Gobierno de la Ciudad, principalmente del PRO, mantiene la conducta del No control, multas arbitrarias, e incluso invasión de la privacidad cuando, existe una denuncia respecto de un inspector de la ciudad violando un domicilio, así como el intento de Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, de colocar cámaras que observasen dentro de los autos, al fin y al cabo, lo mismo que colocar cámaras de seguridad en nuestras casas o pincharnos los teléfonos, temas a los que nos tiene acostumbrados el decadente Partido Político.
Al reclamar, quien nos informa del caso, frente al GCBA, encontramos un problema fundamental (imágenes debajo) donde el gobierno -seguramente otro error- se niega a tomar el reclamo cuando el problema se da sobre el acoso, maltrato, discriminación, trato indignante y falta de respeto a un ciudadano, al cual, claramente, en el centro ciudadano de Av. Patricias Argentinas, no consideraron al ciudadano violentado como "Ciudadano o persona" sino como "Ud. es un INFRACTOR", así es como la controladora, empleada del GCBA y aceptada por el Sr. Macri de una u otra forma, trata a quienes somos personas.
Esto, demuestra la realidad de una ciudad y un país en crisis, los problemas, que no debemos olvidar, no surgen de un día para el otro, sino que surgen de estos puntos focales, estos momentos que se van sumando donde una institución reguladora, sin reguladores, mata (animémonos con la palabra) a cien personas por falta de control y regulación, ¿y los dependientes de esas personas?, ¿sus vidas valían tan poco para morir simplemente porque una entidad no regulaba?, y esto mismo ocurre en el GCBA.
Al consultar con la "Controladora" qué es lo que el auto debía hacer cuando un semáforo en rojo lo tomaba justo al paso de una esquina, ella no supo que contestar, sin embargo, indicó, "si no fuera un infractor entonces habría frenado fuera de la senda peatonal", a lo que se consultó, ¿pero en el caso que la persona estuviera justo en por cruzar cuando el semáforo cambia?, no supo que responder.
El gobierno de Jorge Macri, es violento, recordemos la policía compuesta de mujeres dispuesta para "golpear o frenar" ancianos y mujeres embarazadas o con niños, la multas a los cartoneros, bueno, un sin fin de aspectos como "no consultemos a alguien por qué revuelve la basura para comer, multémoslo", "no nos importa por qué los ancianos se quejan o las madres se quejan" coloquemos una policía y que se callen, casi como si fuera un alienígena o lo peor de la humanidad gobernando una ciudad, pero, volviendo al punto de interés, debemos considerar que la controladora indica que, "pasar en rojo" es multa, "parar en la senda peatonal" es multa, "ir en marcha atrás 10 metros" es multa, pero no puede responder, que hacer en el caso que le ocurrió a la persona, ciudadano, que reclamó, así como muchos ciudadanos que les ha ocurrido lo mismo.
Realizamos durante el mes de enero una revisión de cuantas veces, Buses, Taxis, Particulares, tienen este problema y hemos notado que aproximadamente de cada veinte cuadras circuladas el problema surge entre tres y cuatro veces, ya que no hay un conteo numérico sobre el tiempo de luz verde, como lo hay en las provincias, sino que el amarillo impacta de golpe, generando arbitrariamente una multa en cualquier conductor que no quiera causar un accidente masivo.
¿Qué responderá el gobierno a situaciones como esta? o será que es tan impune que no le importa responder y que, de hecho, la ilegalidad sea la nueva forma de gobierno social. ¿Esta es la humanidad que queremos para nosotros, para los más jóvenes y para nuestros hijos? No hay mucha distancia entre las acciones de Jorge Macri y una nueva catástrofe, ¿un juicio político será suficiente?, vale la pena esperar a que nuestros seres queridos (si es que lo son) mueran antes de hacer algo.
En breve el observatorio estará publicando la presentación ante la Justicia de la CABA y posteriormente cuando esta no actúe como suele ser habitual conforme nuestras estadísticas, frente a la Justicia Nacional.
Presidente de FESMRC